Laberinto de injusticia
19 DE JULIO 2014 - 00:01
Si el Instituto Nacional de Estadísticas funcionara como pregona Elías
Eljuri, ese gran conversador que dictaba cátedra de cualquier materia en el
cafetín que estaba frente a la Escuela de Periodismo de la UCV, el país sabría
que la peor inseguridad no se debe a la gran cantidad de crímenes despiadados
que se cometen, sino eso que denominan el sistema de justicia. Si los registros
de los casos resueltos en los tribunales de justicia fuesen parte de los
informes de la oficina en la que sirven té y café a Eljuri, a veces con una
hojita de yerbabuena, se habría encontrado que hay una similitud con los casos
que se ventilaron en Moscú en la década de los treinta del siglo pasado, y que
les sirvieron a Stalin para deshacerse de enemigos potenciales y verdaderos, y
para enviar un mensaje de “pórtate bien” al resto de la población.
Casi todos los casos “resueltos” en los tribunales venezolanos en los
últimos quince años presentan un común denominador: casi ninguno ha llegado a
su final porque las pruebas, la investigación policial, las evidencias, los
testigos y el acto conclusivo de los fiscales del Ministerio Público
demostraron, sin dudas razonables, la culpabilidad o inocencia de los
procesados. No. En todos ha sido la admisión de la falta por el acusado lo que
les ha permitido la recuperación de la libertad, no pudrirse en la cárcel aun
siendo inocentes, aunque no de la manera expedita como les prometieron los
fiscales cuando les dijeron que recibirían la pena mínima a cambio de
declararse culpables. Es el modus operandi.
Desconozco si ese fue el caso de Kerwin Andrew Tolosa Sánchez, de
25 años de edad y estudiante de Ingeniería de Universidad de los Andes,
condenado a sembrar 3.000 árboles en un lapso de 8 meses. Estaba preso desde
marzo y admitió a cambio de la libertad que él contaminó con gasoil la planta
potabilizadora de agua Doctor Enrique Burgoin, que sirve al municipio
Libertador de la capital del estado Mérida.
La nota divulgada el domingo 7 de julio por los entes informativos
gubernamentales no detalla cómo fue capturado e imputado Tolosa Sánchez ni
cuáles elementos probatorios lo llevaron a admitir el delito, como sería obvio,
sino que se esmera en las particularidades de la sentencia. El cursante de
Ingeniería, a cambio de la libertad, además de sembrar esa enorme cantidad de
árboles tendrá que desmalezar y limpiar 1,5 hectáreas en los alrededores del
dique, un tipo de pena que no es frecuente ni normal en los procesos judiciales
venezolanos.
Si, como es lógico inducir, la pena es de carácter personal, tiene un
aditamento que puede ser considerado “trabajo forzado”, expresamente prohibido
desde 1947 en todas la constituciones promulgadas hasta ahora.
Si el estudiante comenzara a sembrar el 4 de agosto próximo, tendría que
plantar un promedio diario de 12,5 matas, lo que implica abrir la misma
cantidad de huecos y regarlas después de completada la operación. Si cada árbol
debe estar a una distancia mínima de 4 metros de otros, se requerirán 16 metros
cuadrados para cada uno, lo que implica que el condenado tendrá que preparar
para la siembra un total de 48 kilómetros cuadrados; una parcela imposible de
caminar en un día. No cuento con la ayuda de mi amigo arquitecto Jesús Tenreiro
para precisar más la agonía que significaría llevar a cabo la tarea en un
terreno montañoso en su topografía y rocoso en su constitución, pero la tarea
no será una merienda en el campo, Mao dixit. Ni que invente un pico automático
podrá hacerlo en el tiempo estipulado.
Tampoco indica la nota qué castigo adicional recibirá el procesado si
para el 4 de abril no está cada nuevo árbol en su sitio; si ello le acarreará
volver a la cárcel o que le dupliquen el número de plantas que tendrá que sembrar.
De la misma manera no se indica en cuánto tiempo debe desmalezar y limpiar las
1,5 hectáreas ni con qué herramientas deberá hacerlo.
Las sentencias de este tipo, que pueden englobarse dentro de lo que se
denomina “trabajo social”, se aplican en el mundo entero a adolescentes que han
cometido faltas leves; por lo general, los ayudan a revisar su conducta y las
consecuencias que sufrirán si reinciden. Obviamente, en el caso que nos ocupa,
por el tamaño de la tarea, se trata de un castigo más físico que social, y por
tanto ilegal.
El principio
universal es que todo ser humano es inocente aunque se declare culpable, que se
debe demostrar su culpabilidad con hechos y no con argucias procesales, y que
las penas se deben corresponder con el delito cometido, no con caprichos de las
autoridades judiciales. Vendo Constitución sin estrenar, pero con golpes por
todos lados.
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