“La decisión de no renovar la concesión a Radio Caracas
Televisión reabre el debate sobre el rol de los medios de comunicación y la
libertad de expresión, sobre todo porque desde ya unos cuantos fanáticos
del antichavismo a juro se han adelantado a calificar esta decisión como un
atropello contra los dueños de esa planta“, escribió Vladimir Villegas en su
columna de El Nacional el 2 de enero
de 2007
Para quienes han actuado de esa forma, la potestad del
Estado en cuanto a otorgar, no renovar o retirar la concesión para el uso del
espectro radioeléctrico es un mero saludo a la bandera. Como si el derecho a
usufructuar ese espectro perteneciente al Estado y a todos los venezolanos
fuese el resultado de una decisión divina, eterna, inapelable, y no la
consecuencia de un acto propio de un Estado de Derecho, donde el
beneficiario de una concesión está obligado al cumplimiento de la ley.
La reacción del señor Marcel Granier, presidente de RCTV, ha
sido coherente con la conducta de este empresario empeñado en desconocer la
legitimidad del gobierno del presidente Hugo Chávez. Es la reacción de quien se
cree que aún estamos en los tiempos aquellos en los cuales los gobiernos
sucumbían al chantaje de los propietarios de medios de comunicación, asociados
a influyentes grupos económicos, y les cedían los ministerios más importantes,
así como una buena cuota de representación parlamentaria. Habla de supuestos
títulos que lo hacen acreedor del derecho a mantener esa concesión. No los muestra
y prefiere hacer mención de presuntas confusiones legales que no explica. No
desmiente lo estipulado en la Gaceta Número 33.726, que recoge el artículo
1.577, de fecha 27 de mayo de 1987, en el cual el entonces presidente Jaime
Lusinchi estableció que las concesiones para el funcionamiento de
estaciones televisoras y radiodifusoras se otorgarán por 20 años.
El artículo cuarto de ese decreto señala que las concesiones
otorgadas antes de la fecha de vigencia del referido decreto se considerarán
válidas por el término establecido en el artículo primero, es decir hasta el 27
de mayo de 2007. En consecuencia, esas concesiones tienen un término, y no hay
obligación alguna de renovarlas de manera automática, como pareciera pretender
el señor Granier.
El amigo Carlos Croes, actual vicepresidente de Televen, fue
ministro de la Secretaría de la Presidencia y jefe de la Oficina Central de
Información, durante el gobierno de Lusinchi, y tal vez pudiera dar algunas
luces sobre las motivaciones que tuvo esa administración para la adopción del
decreto. No recuerdo si para esa fecha desempeñaba alguno de esos cargos,
pero su testimonio puede ser muy valioso para este debate. El señor Granier
puede presentarse como víctima, si así lo desea, pero los argumentos esgrimidos
por el ministro de Información y Comunicación, William Lara, tienen su base en
documentos oficiales del Estado venezolano.
Empresa televisiva o grupo político
Entrando en otro aspecto del problema, es imperativo repetir
que un canal de televisión, por muy privado que sea, opera con un permiso
o concesión estatal, y debe ceñirse a la normativa constitucional y legal del
país. RCTV, más que un canal de televisión, ha sido un actor político, un
instrumento para el ejercicio tras bastidores de la política, siempre con el
objetivo de promover la toma del poder en Venezuela por parte de grupos
económicos conservadores. Y eso no es nuevo. Lo más significativo es que ha
sido un articulador de acciones desestabilizadoras a lo largo del proceso de
cambios. Fue promotor del sabotaje económico, de las guarimbas y del
oprobioso silencio informativo impuesto a partir del 11 de abril de 2002.
No se trata de un canal de televisión independiente, como
ellos quieren hacer ver, sino de un partido político con mucho dinero, que
pretende mantener la influencia que siempre tuvo, y que lo llevó a ser el rey
de la censura en Venezuela, junto con otros medios que han estado bajo el
paraguas del Grupo 1BC.
Por eso da dolor que gente respetable como el colega Alberto
Jordán Hernández, ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Prensa, salga rasgándose las vestiduras a favor del grupo político que
encabeza Granier. Alberto no recuerda, o mejor, prefiere no recordar, el veto
impuesto por los medios de Granier contra el ex presidente Luis Herrera
Campíns, en represalia porque éste le retiró las transmisiones de las carreras
de caballo. Tampoco recuerda la cacería de brujas que se promovió en el Diario
de Caracas contra los periodistas o columnistas de izquierda, a quienes se les
levantó expedientes y se les segregó porque sus opiniones representaban el
pensamiento de un ínfimo sector del país, tal y como lo argumentó Carlos M.
Ball en un oprobioso editorial del desaparecido Diario de Caracas.
Marcel Granier fue retratado de cuerpo entero en un
formidable documental elaborado por Carlos Azpúrua sobre la lucha de los
trabajadores de El Diario de Caracas por su derecho a la contratación
colectiva. Allí dieron su testimonio Lucy Gómez, Javier Conde y otros
periodistas que sufrieron en carne propia la prepotencia y el abuso de poder de
este gran cacao de la comunicación social en el país. Años más tarde fui
reportero en ese medio y formé parte del Comité Sindical, en medio de una dura
lucha por la nueva contratación.
El Diario como tal no era, aparentemente, una empresa
rentable. Pero era el vocero político del Grupo 1BC, y éste tuvo una gran
influencia en las decisiones políticas y económicas aprobadas por el gobierno
de Pérez II, y que se tradujeron en un severo programa de ajuste macroeconómico
gracias al cual se privatizaron empresas estratégicas, se desmejoraron las
condiciones de trabajo de los asalariados y se empobreció aún más a la gran
mayoría de la población. La purita derecha, pues…
Ah, y para refrescarle la memoria a Jordán, no pasemos por
alto que los directivos del Colegio Nacional de Periodistas y del propio SNTP
tenían expresamente prohibido el ingreso a las instalaciones de RCTV, cuyos
directivos, por cierto, formaron parte de la presión que se ejerció en el viejo
Congreso para que la Ley de Ejercicio del Periodismo estuviese engavetada a lo
largo de 13 años.
Detallitos
Gustavo Hernández. Mi solidaridad con el compañero y amigo
Gustavo Hernández, diputado de PPT, por la lamentable tragedia que hoy lo
embarga, luego de que su hijo fuese asesinado por el hampa en Valencia.
Un abrazo tanto a él como a sus familiares, y la exigencia de que los asesinos
de su hijo, así como todos los que alegremente le arrebatan la vida a gente
inocente, sean castigados con todo el peso de la ley.
Carlos Bastidas. Conocí hace muchos años al abogado Carlos
Bastidas, fallecido en días recientes. Carlos formaba parte de una maravillosa
familia que también integra una gran amiga y colega, Gloria Majella Bastidas,
mi compañera de clase en la Escuela de Comunicación Social de la UCV y de
trabajo en varios medios impresos. El hecho de que Carlos asumiera posiciones
políticas que no comparto no impide que hoy lamente su muerte prematura y me
sume al duelo que embarga a sus familiares.
Pena de muerte. Bajo ninguna circunstancia apoyo la pena de
muerte, y menos en medio del sadismo que caracterizó la ejecución de Saddam
Hussein, quien no fue santo de mi devoción.
Feliz Año 2007. Mi saludo de año nuevo a todos los lectores
de este espacio, y el deseo de que 2007 esté repleto de felicidad y cosas
buenas.
‘Granier defiende su partido’
Comentarios