Miguel Henrique Otero
Con sólidos argumentos
políticos y legales, a los que cabe sumar otros provenientes del más elemental
sentido común, organizaciones no partidistas, académicas, especializadas y
autónomas, expertos de indiscutible calificación, y también veteranos políticos
y otros en ejercicio -muchos de los cuales han sido críticos con relación a
ciertos aspectos relativos a la gestión del gobierno interino- expresaron en
días recientes que la decisión de una mayoría de la Asamblea Nacional de
sustituir la figura del presidente encargado, ejercida hasta ahora por Juan
Guaidó Márquez, para reemplazarla por la de una especie de gobierno
parlamentario es un error. Un grave error que, para peor, no tiene antecedentes
en el desempeño republicano de Venezuela.
Hay que considerar, como
primera cuestión, tal como hace el impecable comunicado que el Bloque
Constitucional de Venezuela publicó el 24 de diciembre, que la usurpación se
mantiene. Que Venezuela no ha dejado de estar en una situación de excepción. Y
debo añadir, lo que es obvio y evidente: la dictadura continúa. Y, como tal, su
carácter ilegal, fraudulento e ilegítimo permanece intacto. No ha cambiado.
Hay que recordarles a los
tres partidos promotores de este desaguisado que, a esta hora (escribo este
artículo la mañana del 31 de diciembre), el teniente coronel del Ejército
Igbert Marín Chaparro continúa con la huelga de hambre que inició el 22 de
noviembre (esto quiere decir, señores de los partidos, que el día que se
publique este artículo, el 1° de enero de 2023, la legítima acción de protesta
de este luchador militar habrá alcanzado 40 días). Léase bien: 40 días en
huelga de hambre (por cierto, ¿se han pronunciado los representantes de estos
partidos con relación a las exigencias de Marín Chaparro y con relación a su
estado de salud, tras 40 días de huelga de hambre?).
Y la
acción de Marín Chaparro no es aislada. Está en directa conexión con la
situación de todos los presos políticos, militares y civiles, así como de sus
familiares y abogados, que continúan sometidos a malos tratos físicos y verbales,
prácticas de extorsión, amenazas, esperas interminables, retrasos procesales
que forman parte de una política de castigo, que se renueva todos los días. Que
incluye prácticas de tortura y, además, un estatuto de plena impunidad para los
torturadores, cuyas identidades y delitos son bien conocidas, sin que se
produzca ninguna acción para impedir que continúen torturando, ni mucho menos
para detenerlos y llevarlos a juicios por sus responsabilidades. ¿Qué les dice
esto, señores de los tres partidos? Que los torturadores tienen carta blanca
para continuar con su perversa práctica.
Mientras tanto, la
dictadura continúa inconmovible: los medios de comunicación siguen cerrados;
los hospitales y el sistema de salud, colapsados; el desempleo y el hambre,
extendiéndose y profundizándose; la inflación, despegando nuevamente hacia
niveles que ahondarán el empobrecimiento del país; los abusos por parte de
funcionarillos y uniformados en los organismos del Estado y en las calles, se
mantienen inalterables. De hecho, lo que toca reconocer, es que la dictadura
está más atornillada y firme que nunca. Y es justo por eso, señores de los tres
partidos políticos, que la figura del gobierno interino encabezada por un
presidente, ha debido mantenerse. Renovarse y fortalecerse, hasta que se
produzcan elecciones libres, transparentes, justas, equilibradas, sin presos
políticos, con medios de comunicación y sin trampas.
El jurista Allan
Brewer-Carías, en un magnífico documento que ha circulado profusamente,
desgrana una seguidilla de consideraciones, donde hay una que es fundamental:
la Asamblea Nacional no tiene facultades para derogar lo que no ha sido creado
por ella. La figura del presidente interino la antecede. Los señores de los
tres partidos han tomado una decisión violatoria de la ley. No tenían potestad
para eliminar la presidencia interina.
Y detalla: tanto la
eliminación de la presidencia interina, como la entrega de ciertas
responsabilidades a la Comisión Delegada y a un Consejo de Administración y
Protección de Activos, son inconstitucionales, “en primer lugar, porque la
existencia del ‘gobierno interino’ es consecuencia de la asunción como
presidente encargado de Juan Guaidó, cuyo estatus es independiente de la
voluntad de la Asamblea Nacional, no depende de las previsiones del Estatuto de
Transición e, incluso, antecede a la entrada en vigencia del mismo en febrero
de 2019. No puede, por tanto, pretender la Asamblea eliminar lo que es
consecuencia de la existencia del presidente interino.
Y en segundo lugar, porque
al “ratificar la continuidad” de la Asamblea Nacional, en el proyecto se
incurre en inconstitucionalidad al pretender atribuirle a la misma funciones
que solo pueden ser ejercidas por el Poder Ejecutivo, que a partir de enero de
2019 ejerce el presidente interino. Esa pretensión es, en sí misma, una
usurpación que viola el principio de separación de poderes, que es uno de los
pilares de la Constitución, quedando los actos que en tal forma pueda dictar la
Asamblea Nacional, si dicho texto llega a aprobarse, como viciados de nulidad
en los términos del artículo 138 de la Constitución”.
Que quede claro: que los
miembros de los tres partidos involucrados hayan violado la Constitución
vigente de modo tan evidente y descarado los aleja de una causa que ha estado y
está en el núcleo de la lucha democrática venezolana.
Me he estado preguntando,
lo mismo que muchos otros interlocutores venezolanos y de otros países se
preguntan en sus conversaciones: ¿qué hay detrás de esta decisión, desatinada y
cuyo resultado será el debilitamiento de la oposición? Insisto en preguntarme y
preguntar a quien quiera escucharme: ¿Qué hay detrás? ¿La mano peluda y verde
del madurismo? ¿El objetivo de enterrar las responsabilidades en el caso
Monómeros, en la que los tres partidos tienen responsabilidades? ¿Un plan para
neutralizar a Juan Guaidó?
¿Es que acaso no saben los
señores de los tres partidos que no hay nada más ineficiente, incompetente y
ajeno al funcionamiento de las cosas, que una comisión, condenada desde su
origen y para siempre a las prácticas burocráticas, a la lentitud, a las luchas
internas, al peloteo y a no responsabilizarse por sus acciones y sus omisiones?
La decisión que han tomado
no solo ratifica la condición de sordera política en la que están inmersos, fruto
de su desconexión con los padecimientos de la sociedad venezolana; no solo los
ratifica en su ceguera, ante las evidencias que tantos sectores y especialistas
les han demostrado, sino que han adquirido, de aquí en adelante, la misma
categoría legal, moral y política de la dictadura a la que dicen combatir: la
de usurpadores.
Comentarios