Los responsables de las muertes del terremoto no desaparecen con la demolición de las ruinas: el caso del complejo habitacional Hugo Chávez
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| Personas trabajan frente a un edificio colapsado en el complejo habitacional Hugo Chávez tras el terremoto que sacudió Venezuela el 30 de junio de 2026, en Catia la Mar, La Guaira, Venezuela / Javier Campos/ NurPhoto vía AFP |
Tras los sismos, la destrucción de estructuras sepulta la búsqueda de víctimas, pero los expedientes técnicos, planos y contratos mantienen la cadena de responsabilidades penales
Los terremotos de junio de 2026 desplomaron edificios que debían mantenerse en pie el tiempo suficiente para proteger la vida de sus ocupantes. Muchas de las respuestas permanecen entre los escombros. Otras quedaron documentadas mucho antes de que se excavaran los cimientos: la selección del terreno, los estudios geológicos y geotécnicos, el diseño estructural, la especificación de los materiales, la contratación de las obras, la ejecución de la construcción, las inspecciones técnicas y la certificación que autorizó a miles de familias a ocupar esas viviendas. Cada edificio colapsado dejó un expediente técnico. Estudios, planos, contratos, inspecciones y permisos identifican a quienes participaron en la selección del terreno, el diseño, la construcción, la supervisión y la certificación de la obra. Los responsables de las muertes del terremoto no desaparecen con la demolición de las ruinas.
Las decisiones que precedieron al colapso dejaron una firma y un sello. Cada estudio identifica a quien lo elaboró. Cada plano lleva la firma de quien lo proyectó. Cada permiso incorpora el nombre, el cargo, la firma y el sello de la autoridad que autorizó su emisión. Cada acta de inspección identifica al funcionario responsable de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El estudio del terreno orienta el diseño estructural; el diseño determina los materiales; los planos orientan la construcción; las inspecciones verifican que la obra se ejecute conforme al proyecto. Los estudios de suelo establecen cómo responderá ese terreno cuando sea sometido a un terremoto.
El complejo habitacional Hugo Chávez fue construido sobre terrenos de la Meseta de Machado, incorporados durante décadas a los planes de expansión del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y clasificados por el Plan de Ordenación Urbanística del antiguo estado Vargas —hoy estado La Guaira— como un sector sujeto a condiciones geológicas y de uso del suelo específicas. El diseño estructural traduce esa información en columnas, vigas, fundaciones y conexiones capaces de absorber las fuerzas sísmicas previstas. Los materiales deben corresponder a las especificaciones del proyecto. La construcción debe respetar los planos. Las inspecciones deben verificar que nada de eso cambie durante la ejecución. Finalmente, la certificación de la obra representa la afirmación técnica de que el edificio puede ser habitado con un nivel de seguridad compatible con las normas vigentes.
La contratación constituye otro paso inseparable de ese proceso. Detrás de cada urbanismo existen contratos, empresas, proyectistas, calculistas, laboratorios, inspectores, supervisores, organismos públicos y alcaldías que autorizaron la construcción y otorgaron los permisos de habitabilidad. El complejo habitacional Hugo Chávez de Playa Grande fue ejecutado por la empresa turca Summa bajo la modalidad de diseño y construcción llave en mano. En ese esquema, el contratista asume el diseño, la ingeniería y la ejecución de la obra bajo un mismo contrato. La propia empresa identifica como cliente al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat.
Un estudio de suelo deficiente no puede corregirse con más acero. Un buen diseño no compensa materiales inadecuados. Una estructura correctamente calculada puede fracasar si durante la construcción se modifican elementos esenciales del proyecto. El permiso de construcción autoriza la ejecución de un proyecto previamente examinado conforme a las normas urbanísticas y técnicas aplicables. El permiso de habitabilidad certifica que la obra puede ser ocupada porque reúne las condiciones exigidas para proteger la vida y la seguridad de sus ocupantes. Esa certificación descansa sobre una cadena de decisiones que debe conservar su integridad desde el estudio del terreno hasta la entrega de las llaves.
Cuando un edificio se desploma durante un terremoto, esa cadena deja de presumirse correcta y los ingenieros deben determinar cómo ocurrió el colapso. Tendrán que establecer si el terreno fue correctamente evaluado, si el diseño correspondía a las condiciones del sitio, si los materiales cumplían las especificaciones, si la obra respetó los planos y si las inspecciones detectaron o pasaron por alto desviaciones durante la construcción. Cada edificio exige una investigación propia.
Un arquitecto que participó en la construcción de soluciones de la Gran Misión Vivienda afirma que la presión por entregar los inmuebles imponía plazos incompatibles con los tiempos de edificación, que las inspecciones estaban a cargo de personas sin formación técnica y que, durante las obras en las que trabajó, omitieron controles básicos sobre el concreto, como el ensayo del cono de Abrams o la elaboración de cilindros para verificar su resistencia a compresión. El concreto, el acero, los elementos de conexión, los cerramientos y los componentes utilizados en cada edificio no pueden evaluarse únicamente por su costo o disponibilidad. Deben examinarse por su desempeño frente a las cargas para las que fueron especificados y, cuando corresponda, por su comportamiento frente al fuego.
Durante más de dos décadas el Estado desarrolló el mayor programa de infraestructura residencial de la historia nacional. El país discutió durante años el número de casas entregadas, los recursos invertidos y la velocidad con la que avanzaban los complejos. La calidad de los materiales y el cumplimiento de las normas antisísmicas quedaron fuera del debate. Los terremotos de junio de 2026 revelaron un criterio de evaluación que había permanecido fuera del debate público: el éxito de un programa gubernamental de vivienda no se mide únicamente por el número de edificios construidos, sino por su capacidad para mantenerse en pie el tiempo suficiente para proteger la vida de sus ocupantes en caso de un desastre natural.
Al abrir los expedientes técnicos de cada obra deberían encontrarse los estudios geológicos y geotécnicos, las memorias de cálculo, los planos estructurales, las especificaciones de los materiales, los informes de laboratorio, las actas de inspección, las modificaciones introducidas durante la ejecución y los documentos que respaldaron la aprobación del proyecto, los permisos de construcción, la recepción de la obra y los permisos de habitabilidad. Ahí está el origen de cada grieta, de cada colapso y de cada muerte. Si faltan documentos esenciales, esa ausencia será investigada. Al determinarse que las muertes fueron consecuencia del incumplimiento de normas técnicas o de decisiones negligentes, se deben aplicar responsabilidades penales.
En Venezuela, las alcaldías intervienen en esa cadena mediante la emisión de los permisos de construcción y, una vez concluida la obra, de los permisos de habitabilidad. Ningún edificio debería ser construido ni ocupado sin haber superado esa secuencia de controles. La revisión debe abarcar igualmente los sistemas constructivos empleados. Toda innovación en ingeniería exige una validación proporcional a los riesgos que implica. Cuando un país incorpora nuevos métodos de edificación, tecnologías poco utilizadas o materiales distintos de los tradicionales, corresponde demostrar mediante ensayos, cálculos y certificaciones que su comportamiento satisface las exigencias de seguridad establecidas por las normas. La rapidez de ejecución, la magnitud del programa o la urgencia política nunca sustituyen esa obligación.
El complejo habitacional Hugo Chávez fue contratado bajo la modalidad de diseño y construcción llave en mano. En ese esquema una misma empresa asume el diseño, la ingeniería y la ejecución del proyecto. Esa modalidad concentra responsabilidades que en otros proyectos suelen distribuirse entre distintos actores. Un proyecto correctamente calculado puede fracasar si durante la ejecución se sustituyen elementos estructurales, se modifican las uniones, se omiten refuerzos o las fundaciones no corresponden a las cargas previstas. Un albañil con 12 años de experiencia en sistemas de steel framing describió, al inspeccionar las estructuras colapsadas del complejo habitacional Hugo Chávez, perfiles correctamente dimensionados unidos de forma inadecuada, el uso de elementos de cerramiento con funciones estructurales y fundaciones incompatibles con el peso que debían soportar.
Después de un terremoto con un alto número de muertos y miles de estructuras desplomadas, esos documentos permiten identificar quién presentó el proyecto, quién lo revisó, quién autorizó su construcción, quién inspeccionó su ejecución y quién certificó finalmente que podía ser habitado. Si alguno de esos controles dejó de cumplirse o se convirtió en una simple formalidad administrativa, la ingeniería responderá una parte de las preguntas. Explicará por qué cedieron determinadas columnas, por qué fallaron ciertas conexiones, por qué unas edificaciones permanecieron en pie mientras otras colaron y qué papel desempeñaron el terreno, el diseño, los materiales y la ejecución de la obra. Pero cuando miles de personas mueren en edificios cuya seguridad dependía de decisiones humanas, la discusión deja de pertenecer exclusivamente a la ingeniería.
La investigación penal establecerá si alguna de las decisiones que precedieron al colapso infringió la ley y si las normas de construcción fueron aplicadas, si las especificaciones técnicas fueron respetadas, si las inspecciones se realizaron conforme a los procedimientos establecidos y si quienes certificaron esas obras contaban con información suficiente para garantizar que podían ser habitadas. Si esas obligaciones fueron incumplidas y ese incumplimiento contribuyó a la pérdida de miles de vidas, la tragedia dejará de ser únicamente un problema de ingeniería para convertirse también en un problema de responsabilidad penal. Cada permiso de habitabilidad significó que una familia cruzara la puerta de un edificio convencida de que podía vivir allí con seguridad.
Con poco menos de 50.000 personas aún desaparecidas, comenzaron las demoliciones de los edificios colapsados. Las excavadoras derribaron las estructuras que permanecían en pie mientras los escombros eran retirados en camiones. Los edificios donde todavía podía haber personas sin recuperar dejaron de existir como lugares de búsqueda. Los escombros fueron enterrados, triturados, mezclados con millones de toneladas de material de demolición o utilizados como relleno. Con ellos desapareció la posibilidad de continuar la búsqueda e identificar a quienes permanecían bajo esas estructuras.
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